lunes, 16 de noviembre de 2009

Lucha de clases

Lucha de clases
Carlos Fazio

El golpe de mano del régimen espurio de Felipe Calderón contra el organismo público Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) responde a un vasto proyecto de ingeniería social. En la coyuntura los que mandan se sienten fuertes y creen poder llevar a cabo una estrategia de rollback: dominio y vuelta atrás. Por eso, las grandes empresas y sus aliados políticos están agitando la lucha de clases de manera implacable contra los trabajadores. Buscan reducir todo lo referente al contrato social que los trabajadores y los pobres habían conseguido tras un siglo de lucha. Quieren regresar a los obreros a los días de las fábricas satánicas del siglo XIX, cuando los salarios eran casi de esclavos. Creen tener armas suficientes para eliminar los contratos colectivos de los trabajadores y destruir los derechos humanos, políticos y sociales de la población en general. Apuestan a destruirlo todo y aumentar el poder privado.

Los grupos monopólicos, oligopólicos y multinacionales mexicanos quieren un Estado de bienestar poderoso, que les proporcione recursos, subvención y protección. Un Estado niñera dirigido a los ricos exclusivamente. La filosofía de los poderosos es robar lo más posible y olvidarse del día de mañana. Hoy, como siempre, el capitalismo depredador y parásito necesita privatizar el beneficio y socializar los costes y el riesgo. Que las facturas las paguen los de abajo. Además, como en los tiempos de Ricardo y Malthus, las opciones para el trabajador y el pueblo pobre son cárcel o hambre, o lo que puedan ganar en un mercado laboral sin derechos, desregulado, flexibilizado.

La crisis profunda del actual sistema de dominación es el espacio para la recuperación del modelo de acumulación capitalista. Para reactivar el capital, los barones del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y sus porros en el gabinete calderonista necesitan una gran derrota obrera. Por eso la asonada policial-militar y multimediática contra el SME y la ruptura del contrato social emanado de la Constitución de 1917. Pero al quebrar el orden previsto en la Carta Magna, Calderón también rompió el pacto nacional. La actual ofensiva clasista es un salto cualitativo en la ruptura de los pactos social y nacional posrevolucionarios.

La clase dominante está profundamente imbricada con el Estado. En épocas de crisis del sistema político, cuando los mecanismos de gobernabilidad tienden a agotarse, suele producirse una regresión neoligárquica. La dominación oligárquica elimina las mediaciones conciliatorias y es ejercida directamente por los grupos propietarios, aunque se haga por medio del Estado (ley Televisa). Esa estrategia de administración de la descomposición política es sustentada por una alianza de poder, que aunque mantenga violentas disputas internas y genere inestabilidad política y vacíos de poder (verbigracia, en la coyuntura, la disputa interoligárquica por la fibra óptica y el triple play, y las escaramuzas mediáticas entre Calderón y el Consejo Coordinador Empresarial por el paquete fiscal), mantiene una coherencia de intereses dominantes. Pese a las diferencias interoligárquicas, los desplazamientos de los grupos de poder y los cambios en la correlación de fuerzas, existe una real estabilidad en la inestabilidad; la estructura de poder de clases no se modifica de manera sustancial.

A pesar de estar imbuida de la lógica vertical y autoritaria propia de las corporaciones, la elite gobernante suele hacer la defensa retórica y demagógica de la democracia. Igual ocurre con el estado de derecho, la ciudadanía y los pobres versus la antipatria y la subversión, encarnada hoy, en el discurso oficial, por los delincuentes holgazanes del SME. No puede haber una democracia construida sobre la mentira. Tampoco se puede gobernar sólo con propaganda. El estado de derecho en México es una ficción. La colusión delincuencial entre empresarios y gobierno se ha profundizado. Las bandas cleptocráticas operan desde el poder.

La clase dominante necesita encubrir su poder bajo el concepto democracia, aunque ésta sea hueca, formal, de baja intensidad. Para eso tiene bajo control a la industria ideológica de la propaganda. Todo un sistema doctrinal que incluye a los medios de difusión masiva, la industria del espectáculo, el sistema educativo, el político, sus papagayos orgánicos y todo lo que se ha dado en llamar la industria de relaciones públicas. El papel de los medios electrónicos es clave para manipular, engañar a la población y generar una falsa conciencia. El sistema de propaganda del régimen y sus patrocinadores no quiere que la gente piense; debe mantener a las masas estúpidas e ignorantes. Usan el concepto democracia como una forma de control de población. No en balde el golpe gubernamental contra LFC y el SME fue precedido de una intensa campaña de guerra sucia y linchamiento mediático contra la dirigencia del sindicato de electricistas, que adquirió rasgos de una intoxicación informativa.

Es falso que el gobierno de facto actúe en función de los intereses de la población. Calderón administra los intereses de una tiranía privada. Usa al pueblo, sirve al capital. Él y sus amos odian lo colectivo, lo social organizado, la democracia popular. Pero eso no se le puede decir a la gente. El candidato del empleo no podía prometer en campaña, vótenme, voy a despedir a los 44 mil trabajadores del SME, perder un millón de empleos en un año y dejar en la informalidad a 28 por ciento de la fuerza laboral.

Este México no da más. El país requiere un nuevo pacto social, que sólo podrá ser arrancado mediante la lucha y organización populares. Ante el desafío de los de abajo, Calderón apuesta a un Estado de nuevo tipo autoritario y militarizado. Así están las cosas.

fuente: La jornda-16-noviembre-2009

lunes, 2 de noviembre de 2009

Plantarán maíz transgénico en 12.6 hectáreas de cuatro estados del norte

Plantarán maíz transgénico en 12.6 hectáreas de cuatro estados del norte
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Lunes 2 de noviembre de 2009, p. 31

Terminaron los 11 años de moratoria para la siembra de maíz genéticamente modificado. En lo que resta de éste y el siguiente año, 12.6 hectáreas en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua serán plantadas con variedades resistentes a plagas del follaje y herbicidas.

Se espera que en los siguientes días las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales informen de los nueve de 35 permisos que en total solicitaron Monsanto, PHI AgroSciences y Dupont Pioneer. Dos de las nueve solicitudes, ubicadas en Valle Hermoso y Río Bravo, Tamaulipas, están en proceso de expedición; las restantes no han sido dictaminadas.

De esas siete que siguen en evaluación, tres están en Namiquipa, Chihuahua, tres en la región de La Laguna, y una en la estación experimental Puerto Vallarta, Jalisco; la mayoría corresponden a Monsanto. Hasta ahora, el gobierno ha otorgado 22 licencias y rechazó cuatro.

En Sonora se hará el primer experimento y el resto se efectuará el próximo año; se estima que las primeras cosechas se tengan en septiembre. La etapa experimental servirá para recabar datos y la información para disipar dudas, demostrar los beneficios y la adaptabilidad de la tecnología al campo, además de generar las bases científicas para la toma de decisiones futuras, aseveró el presidente de Frabrice Salamanca, AgroBio, asociación que integra trasnacionales de la biotecnología.

Para las organizaciones que participan en la campaña Sin maíz no hay país, esas autorizaciones contradicen la Ley de Bioseguridad, ya que son líneas de maíz transgénico basadas en una tecnología obsoleta y algunas contienen combinaciones no desreguladas en su país de origen.

La Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad consideró que en el país no hay infraestructura para cubrir el bimonitoreo (de maíz original y transgénico); de ahí el alto riesgo de contaminación.

Para los integrantes de la campaña Sin maíz no hay país lo que se autorizó favorece a un grupo de empresas que pretenden controlar el mercado nacional de las semillas; lo que está en riesgo es la independencia y capacidad de México de producir su propio alimento y las consecuencias que ello tendrá para los campesinos, el campo y el maíz, el patrimonio más importante de la población.

La experimentación autorizada consta de tres etapas: experimental, piloto y comercial. La primera consiste en sembrar en campos preparados con barreras físicas, químicas y biológicas; la piloto consiste en sembrar en superficies más extensas, pero aún controladas, y la comercial es liberar la venta de las semillas que fueron objeto de experimentación y serán sembradas dentro de los polígonos agrícolas autorizados, principalmente en el norte del país.

AgroBio explicó que las semillas de maíz trasngénico tienen varias décadas de haberse experimentado en otros países y que su compromiso es sembrar sólo las variedades autorizadas para consumo humano o animal.

En la comunidad científica que exige la cancelación de los permisos hay preocupación por el uso del maíz como biorreactor, es decir, su alteración genética para obtener recursos no alimentarios como plásticos, aceites industriales, biocombustibles y fármacos, pues la planta tiene más de 3 mil usos.

Fuente:La jornada México, 2-noviembre-2009

domingo, 1 de noviembre de 2009

Las mentiras y la productividad en LFC

Las mentiras y la productividad en LFC

Antonio Gershenson
Las mentiras no son ninguna novedad, especialmente con el régimen actual, que empezó desde la campaña electoral ofreciendo el oro y el moro. Es más: contrastamos más esas mentiras diciendo y diciéndonos la verdad. Pero ahora se dieron vuelo, y lo vamos a ver más en detalle.

Toda la campaña contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se basa no sólo en decir falsedades, sino en ocultar hechos plenamente oficiales, firmados incluso por representantes directos del gobierno federal.

El 16 de marzo de 2008 se firmó un convenio de productividad entre los representantes de LFC y del SME. Firmaron también, como testigos de honor, los secretarios de Energía, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público. Esta última tienen mucha razón de ser, pues la ausencia de inversión pública en la mencionada paraestatal ha sido uno de los elementos básicos de la falta de productividad.

En este convenio se establece, entre otras cosas, lo siguiente:

Si se determinara, en su caso, que los procesos pueden ser desarrollados con un menor número de trabajadores en las respectivas áreas, el personal que quede sin actividad será reubicado en aquellas áreas que requieran más personal en términos del propio proceso de reingeniería, previa capacitación... la plaza que deje el trabajador que sea reubicado no genera una vacante. Esto implica una reducción gradual del personal.

Las partes se comprometen a implementar un programa de capacitación, para que el personal desarrolle y ejecute nuevas y múltiples funciones. Esto muestra que la afirmación, durante la campaña contra este sector de la industria eléctrica, de que si a un chofer se le baja una llanta, no va a arreglarla él solo, es de mala fe, pues ya había un proceso en marcha para cambiar esa situación.

El sindicato se compromete a coadyuvar con LFC en el objetivo de disminuir las pérdidas de energía no técnicas, hasta alcanzar, al 30 de noviembre de 2012, un nivel de pérdidas similar al resto del sector eléctrico nacional. También estaba en proceso esto, por lo que las palabras oficiales en el sentido de que había más de estas pérdidas en LFC que en el resto del sistema también ocultaban que esto estaba ya también en proceso de corrección. También, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procederá a la asunción de la deuda de LFC.

¿Por qué los funcionarios han silenciado todo esto? Y debemos agregar que se estableció, en el mismo convenio, que la ya existente Comisión Mixta Permanente de Productividad, en la que participan LFC y el SME, va a trabajar al respecto, y ha estado evaluando resultados. Según fuentes sindicales, el nivel de cumplimiento que resultó de estas reuniones y evaluaciones, y de un balance general de resultados 2008, fue superior a 90 por ciento. No he visto desmentidos ni otras versiones.

Tampoco están entre los hechos públicos anteriores a la liquidación las acusaciones de ineficiencia. Los hechos públicos van por otro lado.

Pese a que las elecciones en el SME –que fueron un hecho de la vida interna de ese sindicato– habían sido en junio de este año, el 5 de octubre la Secretaría del Trabajo niega la toma de nota de los candidatos que resultaron elegidos, incluido el secretario general.

En señal de protesta, hubo una marcha del SME a Los Pinos el 8 de octubre.

Dos días después, el sábado 10 de octubre, se produce la ocupación masiva, por fuerzas policiales y militares, de los centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. El día siguiente, domingo 11, se decreta y comunica en el Diario Oficial la liquidación de LFC.

Por más que, entre tantas mentiras, se dijo que no se trataba de una privatización, la mayor parte de quienes sustituyeron a los miembros del SME en su trabajo son empleados de empresas privadas de fuera del área central, todo indica que contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se habla, en lo general, de los apagones del pasado. Pero los funcionarios ocultan hasta cuándo pueden extenderse los apagones –algunos de varios días y de áreas extensas– que se han producido desde que un grupo de personas de la CFE y muchos empleados de sus contratistas privados están a cargo de la misma región.

Este es el pretendido sustento de las agresiones contra LFC y contra el SME.